Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- El desarrollo urbano en Veracruz no puede avanzar sin certeza jurídica ni sin un adecuado ordenamiento territorial, por lo que es necesario poner orden y brindar seguridad para generar condiciones de bienestar colectivo, afirmó la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Elízabeth Morales García.
Durante su participación en la Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso local, la legisladora presentó la iniciativa para la creación de un Programa Permanente de Regularización de Predios y Ordenamiento Urbano con Enfoque Social, con el objetivo de atender de manera integral y continua la problemática de la irregularidad en la tenencia de la tierra.
Morales García puntualizó que regularizar no significa tolerar la irregularidad, sino poner orden; por lo que este Programa se plantea como un instrumento legal que permita coordinar acciones para la regularización de predios de uso habitacional, así como de espacios públicos, como calles, banquetas, vialidades e inmuebles destinados al servicio de la comunidad.
Destacó que entre los principales beneficios para los ayuntamientos se encuentra la posibilidad de aplicar recursos públicos de manera legal y transparente, realizar obras, mejorar servicios y planear de forma adecuada el crecimiento urbano, permitiendo que las comunidades dejen de vivir en una situación de incertidumbre jurídica.
“Para los municipios, la regularización y el ordenamiento urbano son herramientas indispensables para contar con planes de desarrollo actualizados, fortalecer su planeación territorial, ampliar su capacidad de gestión y consolidar un crecimiento ordenado y sostenible”, subrayó.
La diputada explicó que la iniciativa reconoce la concurrencia de facultades y promueve la coordinación entre la Federación, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y el notariado veracruzano, respetando plenamente la autonomía municipal y el marco constitucional de competencias.
Asimismo, aclaró que el Programa no crea nuevas estructuras administrativas ni impone obligaciones presupuestales adicionales, ni traslada cargas financieras a los municipios. Por el contrario, fortalece a los ayuntamientos al dotarlos de herramientas normativas claras para identificar, priorizar y gestionar los procesos de regularización conforme a sus capacidades administrativas y presupuestales, vinculándolos con el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo urbano.
Finalmente, la legisladora enfatizó que para las familias la regularización representa mucho más que un documento, ya que significa certeza jurídica, la posibilidad de dividir, ceder, heredar o transmitir legalmente su propiedad, así como proteger el patrimonio construido a lo largo de los años.