Rosalinda Morales/Foro Veracruz
Xalapa,Ver. 04 de Agosto 2026.-En conferencia de prensa, la fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó señalamientos sobre una presunta utilización política de la procuración de justicia en el caso de la solicitud de desafueros contra alcaldes de Movimiento Ciudadano y aseguró que las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General del Estado (FGE) se sustentan exclusivamente en datos de prueba.
La FGE también aclaró las funciones de Fiscalía y Poder Judicial, al sostener que ambas tienen atribuciones distintas dentro del sistema de justicia penal.
Precisó que las solicitudes de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias únicamente pueden obtenerse cuando existen datos que permitan sostener jurídicamente la acusación.
Destaca existencia de controles legales
Señaló que el sistema de justicia cuenta con mecanismos de control para evitar actos arbitrarios.
Explicó que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo.
«Pensar que una sola persona tiene la última palabra es una especulación. Todos los ciudadanos podemos recurrir al amparo e impugnar cualquier resolución que estimemos contraria a nuestros derechos.»
Rechaza motivaciones políticas
Al ser cuestionada sobre si factores políticos influyen en las investigaciones contra los alcaldes, rechazó esa versión y afirmó que las carpetas se construyen únicamente con evidencia que debe ser presentada y debatida ante un juez.
Subrayó que el resultado de cada proceso penal depende de la actuación de fiscales, defensores y asesores jurídicos durante las distintas etapas.
«Las carpetas de investigación no se integran con cuestiones políticas; se integran con datos de prueba que se tienen que sostener en una audiencia y desahogar en un juicio. Ahí no hay temas políticos, solo hay temas de justicia penal.»
Finalmente, reiteró que la FGE continuará conduciendo sus investigaciones con apego al marco jurídico y al debido proceso, privilegiando pruebas sólidas para sustentar cada caso ante tribunales, con el objetivo de garantizar acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana.