Agencias
Veracruz, Ver.– Lo que debió ser una jornada de consolidación para la Fiscalía General del Estado (FGE) se transformó en un escenario de contradicciones que comprometen la integridad de la carpeta de investigación.
Durante la reciente audiencia, los propios testigos propuestos por el órgano acusador no solo desarticularon la narrativa de la Fiscalía, sino que aportaron elementos que favorecen directamente a la defensa de Marlon Botas Fuentes.
Uno de los momentos más críticos ocurrió durante el testimonio de la doctora encargada de la atención inicial de la víctima. Al ponérsele a la vista el documento oficial de ingreso al
hospital —pieza central de la fiscalía para establecer la cronología del caso—, la médico especialista fue categórica: afirmó no haber firmado dicho documento.
La doctora denunció ante el juez que la rúbrica que aparece en la prueba presentada como oficial no es suya, lo que abre una línea de sospecha sobre la posible falsificación de documentos públicos dentro de la integración del expediente heredado por la actual
administración de la FGE.
En un giro inesperado, los testigos que la fiscalía llevó para señalar al acusado terminaron por ubicarlo en un lugar distinto al de los hechos. Según sus declaraciones bajo juramento, Marlon Botas fue visto el 17 de abril de 2021, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m., en un domicilio completamente diferente al de Montserrat. Esta ubicación temporal, proporcionada por la propia parte acusadora, genera una duda razonable insalvable sobre la presencia del imputado en la escena del crimen al momento del incidente.
Incluso el testimonio del padre de Montserrat aportó datos que contradicen la tesis de una relación caracterizada por la violencia previa.
Ante el Juez, el progenitor reconoció que nunca vio, supo, ni le comentaron que Marlon hubiera tenido comportamientos groseros o agresivos hacia su hija.
A esto se sumó la declaración de otros testigos que lo vieron ingresar al domicilio ese día, quienes confirmaron que, mientras Marlon estuvo en la casa, nunca se escucharon gritos, golpes ni ruidos de violencia. Estos relatos desmoronan la construcción de una conducta agresiva recurrente o de un altercado violento inmediato antes del ingreso hospitalario.
Este debilitamiento testimonial se suma a la ya conocida falta de capacidad argumentativa del asesor jurídico, Ramar Mendoza, quien ha sido señalado por intentar suplir con narrativas en redes sociales lo que no ha podido sostener en los interrogatorios técnicos.
La situación se agrava para la fiscalía tras la resolución del Amparo en Revisión 65/2026 por el Segundo Tribunal Colegiado, el cual ya calificó de ilegal e inmotivada la prórroga de la prisión preventiva, sugiriendo que el proceso se ha mantenido más por presión política que por sustento jurídica.