Alejandro Ávila |
Córdoba, Ver.
Familiares y amigos de José Fabián Pérez Jiménez solicitan el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la gobernadora, Rocío Nahle García, ante lo que consideran una injusticia y fabricación de delito por parte del personal de la Fiscalía Regional de Córdoba.
A un estudiante de la licenciatura en Derecho, fue detenido el pasado lunes 4 de agosto por el presunto delito de falsificación de firmas, mientras realizaba su labor como practicante en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Córdoba.
Familiares de la víctima se manifestaron la mañana de este miércoles 6 de agosto y señalaron que el joven de 21 años era incluso obligado a realizar encomiendas fuera de sus obligaciones habituales, como limpieza del área de trabajo y baños, entrega de documentos oficiales y recados personales para fiscales; siendo Diana Angélica Serrano y Beatriz Guadalupe Hernández quienes le asignaban estas tareas, declararon los padres del muchacho.
“Mi hijo no tenía autorización para firmar o sellar documentos. Eran ellas quienes le pedían que firmara papeles, que entregara oficios, que saliera de la oficina para cumplir tareas que no le correspondían. Lo usaban como asistente personal, como mensajero, incluso como cuidador de sus hijos”, expusieron.
Es de mencionar que José Fabián fue detenido el pasado lunes y se encuentra en las instalaciones del Mando Único a la espera de que se resuelva su situación legal.
Su familia sostiene que el joven actuó en todo momento siguiendo órdenes de sus superiores, y que nunca tuvo acceso autónomo a documentación oficial ni a sellos institucionales.
“Él seguía trabajando más allá de las horas requeridas porque le prometieron que le darían una oportunidad laboral. Confiaba en ellas y en la institución. Nunca se imaginó que lo terminarían acusando de algo que él no decidió hacer por cuenta propia”, comentó su madre.
