Por Rosalinda Morales/Foro Veracruz
Xalapa, Ver.- La Fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dejó en claro que en Veracruz no se persigue a personas, sectores, grupos ni profesionales, mucho menos a periodistas ni comunicadores.
Lo anterior en pregunta de la diputada de Minatitlán Ingrid Calderón, sobre la situación jurídica del periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, conocido como «Lafita León», quién está en prisión domiciliaria por un año, mientras es investigado y procesado por dos delitos.
«Cuando se habla de una orden de aprehensión, la orden de aprehensión única y exclusivamente es un medio de conducción ante un juez por determinados hechos. El juez es quien precisa justamente en el auto de vinculación a proceso”, expuso aclarando es el Poder Judicial quien dictó la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Al comparecer en el congreso local, la Fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que en el caso en particular del periodista Rafael «N» se quedó muy claro que se le vincula por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, y se le fijó una determinada medida cautelar, por la cual sigue todavía sujeto al mismo”.
Aclaró que es el juez quien determina la clasificación legal de esos hechos, por los cuales se le va a vincular a proceso.
«Entonces, no, no hay una, no podemos hablar de una persecución sistemática. Por el contrario, esta fiscalía respeta sin duda el ejercicio profesional de los periodistas, de los comunicadores, que sin duda son éticos, honorables, y que tienen una labor muy respetable para con la sociedad al mantenerlos informados”.
El periodista de nota roja, Rafael León, mejor conocido como «Lafita», tiene actualmente la medida cautelar de prisión domiciliaria (o resguardo domiciliario) por un año, tras ser vinculado a proceso a finales de diciembre del año pasado.
CASO UPAV
Ante cuestionamientos del diputado del PVEM Marcelo Ruiz, sobre las detenciones por fraude a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Aurelia Jiménez Aguirre, insistió que las recientes órdenes de aprehensión e imputación formal en contra de tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV no representan persecución política.
“Si bien hubo una reforma donde ahora el titular del ejecutivo tiene una injerencia, eso no significa que esta institución no cuente con autonomía. Le puedo garantizar que no hay revanchismo político, sin colores ni consignas. Ahí está el tema de la UPAV (…)” dijo.
La Fiscal aseguró que en su administración «no se persigue a nadie» por consigna política y que el enfoque está centrado en la eficiencia operativa, como lo demuestran las 95 órdenes de aprehensión por homicidio doloso ejecutadas desde su llegada.
Al comparecer ante diputados locales la extitular del Poder Judicial enfatizó que su llegada no es fortuita, sino producto de una trayectoria en el servicio de la justicia que ahora pone a prueba bajo un programa de tres ejes: modernización, operatividad y coordinación.
La Fiscal dijo que a diferencia de gestiones anteriores marcadas por el choque con organismos defensores, subrayó su postura de apertura. Informó que, en su breve periodo, ha aceptado las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025 emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
«Reafirmo mi compromiso personal de velar por los derechos y garantizar a las víctimas la reparación del daño (…) son áreas de oportunidad y vamos a buscar que funcionarios que incurrieron en estas fallas tengan consecuencias jurídicas, pues debo ser coherente con mi postura institucional” concluyó.