Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.22 de mayo 2026.- La diputada local por el Partido del Trabajo (PT) Elízabeth Morales García, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, para que los Ayuntamientos cuenten con cabildos abiertos y públicos, para respetar un derecho fundamental de todos los veracruzanos: al derecho a la información.
En ese sentido destacó que contar con cabildos abiertos y verdaderamente públicos representa el respeto a un derecho fundamental de todas y todos los veracruzanos: el derecho a la información.
“Con el inicio de nuevas administraciones municipales en Veracruz, también crecieron las exigencias ciudadanas de gobiernos más transparentes, cercanos y visibles, dejando atrás prácticas donde las decisiones públicas se tomaban lejos de la población”, expresó.
Morales García, lamentó que aún existen ayuntamientos donde las sesiones de cabildo no se transmiten, se limita a ciudadanos y medios grabar o realizar transmisiones en vivo, e incluso hay municipios donde las sesiones no se realizan de manera adecuada y posteriormente sólo se busca que síndicos y regidores firmen actas previamente elaboradas.
Enfatizó que el cabildo no fue creado para simular acuerdos, sino para debatir, deliberar y tomar decisiones públicas frente a la ciudadanía, ya que en estas sesiones se aprueban obras, recursos públicos, reglamentos y acciones de gobierno que impactan directamente a la población.
La iniciativa presentada busca garantizar la máxima publicidad en las sesiones públicas de cabildo y de las comisiones edilicias, permitiendo que cualquier persona pueda presenciar, grabar, fotografiar, videograbar, transmitir en tiempo real y difundir las sesiones sin necesidad de autorización previa.
Asimismo, subrayó que esta propuesta cuenta con sustento constitucional y jurídico, respaldado por criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen la obligación de las autoridades de privilegiar el principio de máxima publicidad y garantizar el acceso a la información.
“La iniciativa no pretende generar desorden ni afectar el funcionamiento de los ayuntamientos, ya que contempla límites razonables para garantizar el desarrollo adecuado de las sesiones y proteger derechos de terceros”, concluyó.