Alejandro Ávila/Foro Veracruz
Veracruz, Ver.08 de Mayo 2026.- En Veracruz, la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas más alarmantes y dolorosas. Muchas víctimas viven durante años bajo amenazas, agresiones psicológicas, control y violencia física dentro de sus propios hogares, hasta llegar a situaciones extremas donde defender su vida se convierte en la única opción para sobrevivir.
Ante esta realidad, la diputada por el Partido del Trabajo (PT) Elízabeth Morales García presentó una iniciativa en materia de legítima defensa con perspectiva de género, la cual busca brindar protección legal a mujeres que han vivido violencia sistemática y reiterada antes de reaccionar contra su agresor.
La iniciativa destaca que muchas mujeres, después de años de sufrir violencia física, psicológica o sexual, terminan enfrentando procesos judiciales cuando finalmente actúan para salvar su vida o proteger a sus hijos. En vez de ser reconocidas como víctimas, deben demostrar ante las autoridades el contexto de violencia que padecieron.
Morales García dio a conocer que esta propuesta cobra relevancia en medio de las alarmantes cifras de feminicidios registradas en Veracruz. Durante 2025, se reportaron entre 40 y 73 feminicidios, dependiendo de la fuente y metodología utilizada, mientras que en 2024 se contabilizaron al menos 53 casos. Detrás de cada cifra existe una historia marcada por el miedo, las agresiones constantes y, en muchos casos, llamados de auxilio que no lograron evitar la tragedia, destacó.
Por ello, uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, cuando exista un contexto acreditado de violencia reiterada, las autoridades juzguen con perspectiva de género y se presuma la legítima defensa de la mujer agredida.
Con esta medida se busca evitar que las víctimas sean revictimizadas por el sistema judicial y garantizar que los casos sean analizados considerando el entorno de violencia y vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos.
Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de género; sin embargo, el Código Penal aún no contempla de manera clara esta protección específica para mujeres víctimas de violencia sistemática.
“La vida de una mujer que se defiende para salvarse nunca debería convertirse en una condena para ella; legislar en esta materia es un acto de justicia y humanidad”, concluyó.