- Hicieron un llamado a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscal General del Estado y a la Gobernadora de Veracruz para que intervengan y se investiguen los hechos ocurridos desde 2012
Rosalinda Morales/Foro Veracruz
Veracruz,Ver. 06 Febrero 2026.- El abogado de Coatzacoalcos Fausto Vicente Torres Pérez denunció públicamente un presunto error judicial grave que mantiene privada de la libertad a Zureima “N”, joven originaria de la comunidad de Mapachapa, comunidad de Minatitlán, al sur del estado, quien, afirma, fue detenida de manera equivocada por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia, al confundir su domicilio con el de las personas que realmente buscaban.
De acuerdo con la defensa, los hechos se remontan al 1 de febrero de 2012, cuando agentes de la Policía Ministerial acudieron al ejido Mapachapa para cumplimentar una orden de presentación emitida por el Ministerio Público contra Daniel “X” y Berta “X”, presuntamente pareja sentimental, con domicilio en la calle Hidalgo. Sin embargo, los elementos se equivocaron de vivienda e irrumpieron en el domicilio de Zureima y su hermano Erick, ubicado en la calle Hidalgo número 43, a una cuadra del lugar correcto.
“La desgracia de estos jóvenes fue vivir a una cuadra. Buscaban a una persona chaparrita y a su pareja; Zureima es de baja estatura, pero ellos no eran pareja, eran hermanos”, explicó el abogado. A pesar de que los jóvenes aclararon su identidad, fueron sacados del domicilio con violencia y trasladados a las instalaciones ministeriales.
Torres Pérez señaló que durante la detención ambos jóvenes fueron víctimas de golpes, tratos denigrantes e incomunicación, y que en el caso de Zureima se ejercieron actos de tortura sexual, los cuales, aseguró, constan dentro de la causa penal 05/2024, instruida por el juez del sistema tradicional en Coatzacoalcos, Eleuterio Malpica Núñez, por el delito de homicidio doloso calificado.
El abogado relató que, tras la detención, su representada fue obligada a declarar sin la presencia de su defensa, en violación a su derecho a una defensa adecuada, mientras denunciaba haber sido golpeada, insultada y fotografiada por elementos ministeriales. Posteriormente, un coincidiendo habría reconocido que señaló a personas inocentes bajo tortura, lo cual quedó asentado en actas oficiales.
Como consecuencia de las agresiones sufridas, Erick “N” falleció dos años después, presuntamente a causa de los golpes recibidos durante su detención, mientras que Zureima fue liberada el 12 de febrero de 2012, luego de que el propio Ministerio Público determinara que no había sido identificada correctamente, dejándola en libertad bajo reservas de ley.
No obstante, el 7 de enero de 2026, Zureima fue nuevamente detenida por los mismos hechos, durante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Ministerial, bajo una supuesta orden de cateo que, según la defensa, nunca fue mostrada. Actualmente permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Duport Ostión, en Coatzacoalcos.
“La gravedad es que aquel error judicial no solo no se corrigió, sino que hoy se sigue perpetuando. El juez penal está consintiendo actos de tortura y mantiene privada de la libertad a una persona inocente, con los mismos elementos de prueba con los que en su momento fue liberada”, sostuvo Fausto Vicente Torres Pérez.
La defensa informó que ha solicitado reiteradamente la aplicación del Protocolo de Estambul mediante peritos independientes para acreditar la tortura, sin que el juez haya ordenado su práctica de forma
adecuada. Asimismo, se presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia penal por delitos de tortura, sin que hasta el momento exista una actuación diligente de las autoridades.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscal General del Estado y a la Gobernadora de Veracruz para que intervengan y se investiguen los hechos ocurridos desde 2012, subrayando que Zureima es ingeniera, sostén económico de su familia.
“Lo único que pedimos es que se investigue si hubo o no tortura y que se aplique la ley. No es posible que errores del pasado sigan teniendo consecuencias jurídicas tan graves como la privación ilegal de la libertad de una persona inocente”, concluyó.