Rosalinda Morales | Foro Veracruz
Encadenado al poste de una luminaria de Plaza Lerdo amaneció Juan Ricardo Ordóñez Jerez, originario de Coatzacoalcos; dice tener 38 días en huelga de hambre.
Se encadenó este martes a un poste frente al Palacio de Gobierno de Veracruz.
Asegura llevar una huelga de hambre que inició hace 38 días como protesta para exigir protección y justicia, luego de denunciar amenazas de muerte tras haber expuesto un presunto fraude inmobiliario que involucra —según sus señalamientos— a personas cercanas a la Fiscalía General del Estado.
Con una manta colocada a su lado, el ciudadano resume exige ser escuchado directamente por la gobernadora Rocío Nahle para que su integridad y la de su familia sean garantizadas. Asegura que ha sido víctima de una red que se dedicaba a vender predios en litigio en la colonia Almendros de Coatzacoalcos, operación en la que estarían implicadas personas vinculadas familiarmente con altos funcionarios estatales.
“He decidido quedarme aquí, sin comer y encadenado, hasta que las autoridades me den una respuesta clara y un documento que me garantice protección. “No me voy a mover”, expuso Ordóñez, quien ha bajado algunos kilos desde la primera vez que se le vio en Plaza Lerdo.
El caso comenzó en 2022, cuando adquirió dos terrenos por cerca de medio millón de pesos cada uno. Poco tiempo después descubrió que ambos predios estaban en disputa legal, pues una empresa distinta los reclamaba como propios mediante un amparo judicial. A raíz de esto, presentó una denuncia formal el 4 de enero de ese año. Sin embargo, asegura que en casi cuatro años no ha habido avances reales y que su proceso ha estado lleno de irregularidades.
“Me han cambiado a más de una docena de fiscales, cinco jueces y cinco asesores jurídicos. Han destruido evidencias, omitido pruebas y han hecho todo lo posible por enterrar el caso”, afirmó. Agrega que quienes lo estafaron —a los que identifica como José, Yair, Rebeca, Carlos Octavio y Juan Manuel— estarían relacionados con los fiscales Erick López Guízar y Erick Rivera Sánchez, así como con el exdiputado Gonzalo Guízar Valladares.
Tras denunciar el fraude, comenzó a recibir amenazas directas. “Hace unos días, mientras paseaba a mis perros, dos desconocidos se me acercaron y me dijeron que dejara el tema o me iban a desaparecer. Desde entonces, no tengo tranquilidad, temo por mi vida”, lamentó.
Además del riesgo, su situación de salud es crítica: padece problemas renales, tiene una hernia que le impide trabajar y su esposa necesita una cirugía urgente en el puerto de Veracruz. Asegura que todo está documentado y fue entregado a la Fiscalía, sin que hasta ahora se haya actuado en consecuencia.
También denuncia que, pese a haber solicitado en al menos diez ocasiones una audiencia con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de protección, siempre ha sido ignorado. “Solo me mandan de regreso a Coatzacoalcos, sin recursos, sin respuesta, sin garantías. Esta vez llegué con pasaje de ida solamente”.
Ordóñez cuestiona el trato desigual que reciben los ciudadanos en comparación con los políticos. “A los candidatos los cuidan con escoltas, y a mí, que estoy amenazado de muerte, nadie me protege. ¿Mi vida vale menos?”, expresó con enojo.
El manifestante asegura que no levantará su protesta hasta obtener un documento oficial que le garantice seguridad por parte del Gobierno del Estado.